viernes, 28 de septiembre de 2007
CERRO DRAGÓN
“EL CONTRATO LO SELLÓ DE VIDO”
El ex senador chubutense, Hipólito Solari Yrigoyen, es quien se puso al frente de las protestas en contra de la renovación del contrato petrolero a Panamerican Energy. Lo hizo a través de un recurso de amparo que presentó ante el Juzgado Civil y Comercial Nº1 de Comodoro Rivadavia el pasado 23 de mayo, en el que se denuncia no solo lo desventajoso del acuerdo sino además que la medida es anticonstitucional.
EL CORAZÓN DEL PETRÓLEO ARGENTINO
“ES LESIVO A LAS PROVINCIAS”
SÓLO EN LA ARGENTINA
La presentación judicial fue apoyada en una conferencia de prensa por figuras del arco opositor como el ex gobernador de Santa Cruz Jorge Acevedo, el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano, el diputado Nacional por el Ari Eduardo Macalusse y hasta el cineasta kirchnerista e integrante del Moreno, Fernando Pino Solanas.
La respuesta no se hizo esperar. A través de una solicitada publicada en casi todos los medios gráficos, el gobierno de Chubut, optó como única respuesta descalificar a los denunciantes, entre ellos a Solari Yrigoyen acusándolo de no estar al tanto de la policita provincial ni haber participado de la militancia durante años. Consultado por La Política Online Solari Yrigoyen, quien fuera senador por la UCR durante 12 años y actual residente en Puerto Madryn, rechazó las palabras del gobernador kirchnerista: "Das Neves no sabe nada que no sea de su propio partido, entonces improvisa. Yo siempre he sido un militante activo. En el último año fui convocado a convenciones sobre hidrocarburos por toda la provincia. Pero como no soy candidato a nada, él no se ha enterado".
Extrañado de que no haya tenido demasiada repercusión en los medios su denuncia y si lo consiguiera la solicitada pagada por el gobierno chubutense, Solari Yrigoyen explica lo desigual de su lucha: "Nosotros por la conferencia de prensa gastamos unos 1000 pesos entre pasajes y alquiler del salón. Mientras que, según nuestros cálculos, por las solicitadas, Das Neves gastó alrededor de 400 mil".
La Política Online: ¿Qué impedimentos legales tiene la renegociación que se efectuó con Panamerican Energy por la explotación del Cerro Dragón?
Solari Yrigoyen: para empezar viola la constitución de Chubut. Según el artículo 102 los hidrocarburos deben ser industrializados en su lugar de origen y el contrato da carta blanca sobre este tema. También el artículo 96 exige licitación pública para la enajenación del patrimonio y aquí hubo un acuerdo directo entre la empresa y el poder ejecutivo. Pero además es ilegal porque tampoco respeta la Ley del Petróleo, la 17.319 del gobierno de Onganía.
Esta, que ya era bastante benevolente, fija un máximo de hasta 35 años de concesión, mientras el acuerdo cede la explotación a PAE por 40. Como si fuera poco, fue otorgada antes de sancionar la ley provincial regulatoria del manejo de los hidrocarburos. Esta recién salió luego de firmado el acuerdo. Esto es totalmente irregular.
LP: ¿El acuerdo fue aprobado en la legislatura provincial?
Si, por toda la bancada del partido justicialista, partidos provinciales y cinco radicales K, que ahora el comité provincial ha suspendido. Estos son: Adriana Fara, Omar Morelli, Alejandro Papaiani, Carlos Relly y Fernando Rúa. En contra sólo tres legisladores de la UCR y una abstención. Pero además durante el debate el peronismo se llevó una barra que amedrentó y no dejó hablar a quienes se oponían.
L.P: Teniendo en cuanta que una parte del yacimiento se encuentra en Santa Cruz ¿Cómo es la situación en esa provincia?
En Santa Cruz, si bien el gobernador designado por Kirchner, Daniel Peralta, ya acordó con la empresa, todavía no se ha votado en la legislatura porque al darse a conocer el tema con la denuncia y no han conseguido quórum. Pero además la negociación fue secreta, hoy en día los habitantes de la provincia no conocen el texto de la ley que se intenta aprobar.
L.P: Lo mencionó a Kirchner ¿Cuánto tuvo que ver el gobierno Nacional en la negociación?
El contrato fue firmado en Chubut pero se negoció en Buenos Aires, en las oficinas del ministro de Planificación, Julio De Vido. En los borradores del acuerdo figuraba la intervención del gobierno Nacional. Luego lo sacaron del texto final porque era insostenible. Pero la empresa publicó una aviso de una página en varios medios de Capital federal –en La Nación el 30 de abril, página 7- en el que anuncian "Con la participación del gobierno Nacional".
De todas maneras ya este gobierno había aprobado a principios de año la llamada "Ley Corta", que legítima el artículo 1º de la Ley de Privatización de YPF del menemismo, que le pasa a las provincias la responsabilidad de un recurso como el petróleo.
L.P: ¿En qué influye esta ley?
Sucede que la ley 26.197, con un falso discurso federalista, otorga la potestad de los recursos a las provincias y la fiscalización de los acuerdos. Por un lado va a contramano de las tendencias internacionales de fusión y alianzas estratégicas, para lograr mayor capacidad de negociación.
Ahora las provincias productoras compiten entre si para dar mejores condiciones a las petroleras, en vez de pelearse las empresas por la explotación. Además, luego de años de desindustrialización, las provincias no están capacitadas para controlar la correcta explotación. Pero fijesé que el acuerdo establece que si no se llegara a un acuerdo para la selección de los técnicos verificadores de reservas, la contratación de estos queda a cargo de la empresa ¡Se transforma en juez y parte!
Este es un contrato de concesión, no de venta definitiva. Eso quiere decir que cuando se termine el contrato, dentro de casi medio siglo, va a volver a manos del Estado. Pero no sabemos con qué nivel de reservas.
L.P: ¿Qué sucede con los compromisos que adquiere la empresa?
Por un lado está la cláusula que las puede llegar a hacer caer ya que en todos estos años no se le deben aumentar ni los impuestos ni el monto de regalías. Tampoco el precio del barril debe ser inferior al del primer trimestre de 2006, cuando la provincia no puede nunca asegurar semejante cosa. También Chubut si no llegara a cumplir el contrato, debe pagar daños y perjuicios. Pero para la empresa esto no ha sido fijado, puede no cumplir sus obligaciones. Pero además sus compromisos de inversiones en exploración por ejemplo, están sujetos a su conveniencia e interés.
L.P: ¿Qué conclusiones se pueden sacar sobre la política del gobierno Nacional en materia de hidrocarburos?
Este pésimo contrato es el ejemplo de la política oficial del gobierno Nacional. Es la continuación de la política privatizadora de Menem. Le doy otro dato: cuando se firma este contrato PAE recibe un préstamo de 550 millones de dólares de parte de la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo inversor del Banco Mundial. Esto implica que la empresa nunca invierte de forma directa y además que las pymes argentinas se ven privadas de préstamos ya que el Banco Mundial divide entre países y le termina otorgando esta cantidad a una empresa de capitales británicos y estadounidenses, con el aval del gobierno nacional. También esta la ampliación de la fábrica Aluar. Esta reforma se ha hecho con un crédito de 700 millones que le ha dado el gobierno Nacional en concepto de quita de IVA y ganancias. Si usted une el aval del crédito del Banco Mundial a PAE y la quita de impuestos que figura en el contrato y este préstamo a Aluar… Entonces ¿En qué quedamos? Hacemos frases populistas y de pseudo izquierda pero terminamos entregando los fondos públicos a empresas extranjeras.
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