miércoles, 28 de enero de 2015

Tiene 33 años y es catolico,sangre nueva en la Corte

El Gobierno propuso a Roberto Carlés para cubrir la vacante de Zaffaroni en la Corte Suprema

Se trata de un abogado de tan solo 33 años. Su pliego será enviado al Senado. Lo anunció el ministro de Justicia, Julio Alak
Ante la vacante dejada en la Corte Suprema por Eugenio Zaffaroni, el Gobierno propuso que su lugar sea ocupado por Roberto Manuel Carlés, un joven doctor en Derecho de tan solo 33 años.

El nombre de Carlés fue anunciado en un breve mensaje leído por el ministro de Justicia, Julio Alak, desde la Sala de Conferencias de la Casa de Gobierno. El pliego de Carlés fue enviado al Senado y, en caso de aprobarse, será el integrante más joven en la historia del máximo tribunal del país.
Carlés nació el 17 de septiembre de 1981 en Morón. Es abogado con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y Criminología. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja de la Facultad de Derecho y del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Doctor en Derecho de la Università degli Studi di Ferrara, doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dirigido por Raúl Zaffaroni, fue coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación.
Ex asesor de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es autor de numerosos trabajos académicos, publicados en América Latina, Europa y en los Estados Unidos.

martes, 27 de enero de 2015

la nueva AFI

Cadena Cristina Kirchner silla de ruedas 1170 1© Proporcionado por Infobae Cadena Cristina Kirchner silla de ruedas 1170 1
A través de un mensaje grabado que se emitió por cadena nacional, la presidente Cristina Kirchner anunció que mandará al Congreso un proyecto de ley para disolver la actual Secretaria de Inteligencia (SI) para crear en su reemplazo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Durante su discurso, la mandataria adelantó los principales puntos que diputados y senadores debatirán en el recinto. A saber:
"La disolución de la SI para crear la AFI, cuya conducción estará a cargo de un Director General y un Subdirector que requerirán, para ocupar el cargo, acuerdo del Senado".
"Establece que la inteligencia consiste en la obtención, reunión y análisis de información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Y tipifica de qué estamos hablando: prevención de amenazas internacionales proveniente del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero y otra forma de criminalidad organizada en forma internacional".
"Las actividades de inteligencia internas quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden constitucional o institucional que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional".
"Se establece la transferencia a la Procuración Nacional de lo que es el Sistema de Observaciones Judiciales (OJOTA). El sistema de escuchas que ordenan los jueces y que hoy están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal por una razón muy sencilla: es el único ministerio extrapoder. No depende el Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende del Poder Legislativo. Todo juez o fiscal que quiera pedir una escucha deberá dirigirse al ministerio de la Procuración Fiscal".
"Se establece por ley clasificación de la información, que va a ser confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías".
"Se transfiere a la AFI la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende del ministerio de Seguridad".
"Se crea una limitante: establece que toda relación o actuaciones entre la AFI y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales vinculadas a las actividades reguladas por la presente ley, solo podrán ser ejercidas por el Director General o Subdirector. Ya nadie va a poder contactarse, ni jueces, ni fiscales, ni ministros, ni ningún tipo de funcionario, con tal agente.La única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la AFI va a ser la institucional, en la persona de su Director General y Subdirector".
"Se crean los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia que tendrán los siguientes objetivos: controlar el ingreso y salida de información de las bases de archivos de inteligencia garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal; asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos de la presente ley sean destruidos y garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe, religión, opinión política o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera".
"Se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes llevándose de 3 a 10 años, a un delito no excarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley. Comunicaciones telefónicas, postales de telégrafo o de cualquier otro envío de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos. Lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios".
"Serán reprimidos aquellos empelados o funcionarios que tomen contacto con los SI por afuera de los canales institucionales".

Jorge Capitanich destacó el nuevo enfoque sobre Inteligencia.

Envío al Congreso Ley de Creación de Agencia Federal de Intel...

lunes, 26 de enero de 2015

QUE HACER CON LA SIDE?...EL GOBIERNO PREPARA UNA PURGA

El kirchnerismo analiza cómo purgar la Secretaría de Inteligencia (SI), que después de más de diez años de gobierno le resulta un terreno hostil.
No tiene en carpeta ahora una gran reforma que incluya un rediseño legal de las atribuciones del organismo ni nuevos controles a los espías. Sí el desplazamiento de los agentes que -al menos según las sospechas kirchneristas- siguen respondiendo a Antonio "Jaime" Stiusso, el ex director general de Operaciones en quien se recostó el Gobierno durante años y a quien ahora liga a la muerte del fiscal Alberto Nisman. Stiusso fue echado el 19 de diciembre, un día después del relevo de sus jefes, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher.
Golpeado por la muerte de Nisman, el Gobierno analiza cómo hacer la purga© Copyright 2012 SA LA NACION | Todos los derechos reservados Golpeado por la muerte de Nisman, el Gobierno analiza cómo hacer la purga
"Ahora vamos con pie de plomo", dijo a LA NACION un funcionario con acceso a la Presidenta, consciente de que todo puede cambiar con una llamada de ella. Según él, lo único previsto hasta hoy consiste en terminar de correr de "la Casa" a la gente de Stiusso y designar a sus reemplazantes, que serían cientos. Cuántos entraron y salieron ya y cuántos lo harán en los próximos meses es imposible saberlo. Fuentes militares incluso habrían desaconsejado una purga masiva (ver aparte). Rige respecto de la SI un secreto extremo. No se sabe siquiera cuántas personas integran su planta (se calcula que unas 1800); mucho menos, el número de los agentes "inorgánicos" (o sea, en negro).
La presidenta de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, la diputada Teresa García, dijo ayer en una entrevista con Página 12 que ella consideraba "necesaria" una reforma de la ley de inteligencia, pero que el bloque del Frente para la Victoria no está estudiando ningún proyecto. Esperan que Cristina Kirchner baje la línea. "Hay que estar muy atentos al discurso de la Presidenta del 1° de marzo", dijo.
El caso Nisman dejó a la luz las internas que atravesaron la SIDE kirchnerista durante los últimos años y puso el foco sobre la relación del organismo con los tribunales. Oficialmente, la SI es auxiliar de la Justicia y colabora en la investigación de casos ligados a asuntos tales como seguridad nacional, narcotráfico y secuestros; pero sobre todo monopoliza las escuchas telefónicas legales. Su principal poder está en la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida como "Ojota"), que hace las pinchaduras, para las que la ley exige, siempre, orden de un juez. El kirchnerismo estudió en sus orígenes la posibilidad de quitarle a la SI esta atribución. Finalmente, desistió.
Lo que hizo Cristina Kirchner en su última carta sobre el caso Nisman era impensable hasta hace poco. No sólo nombró a Stiusso; adhirió a la sospecha de que dirigió la investigación del caso AMIA y sostuvo: "Personalmente creo que hacía algo más que dirigirla".
Funcionarios de su gobierno y magistrados de Comodoro Py hablan desde hace años de la influencia de Stiusso en los tribunales más sensibles para el poder político. Lo ligaron siempre al peronista Javier Fernández, todavía representante del kirchnerismo en la Auditoría General de la Nación. Les adjudicaban un rol clave, no sólo como gestores de los intereses del Poder Ejecutivo, sino también en los procesos para cubrir las vacantes de jueces.
Algunos sectores del kirchnerismo duro criticaban a Stiusso a puertas cerradas, pero, conscientes de que tenía una delegación dispuesta por la cúspide del kirchnerismo, no lo desafiaban. Hablaban de él en voz baja. En junio pasado, el senador bonaerense Mario Ishii dijo: "Los jueces federales no responden al Gobierno, sino a la SIDE", dijo, y mencionó puntualmente a Stiusso y Fernández. La relación de Stiusso con el Gobierno ya estaba muy mal, pero nadie imaginaba entonces cuánto peor podía terminar.
El agregado comercial de Irán en Buenos Aires, Ahmad Reza Kheirmand, enfatizó que "no existe ningún tipo de diplomacia paralela" entre su país y la Argentina, en una respuesta a la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman sobre el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. En ese sentido, el diplomático se despegó de Alejandro Khalil y Abdul Karim Paz, a los que Nisman identificó como intermediarios entre Irán y la Argentina en las negociaciones sobre el tratado bilateral sobre el ataque. "Son dirigentes de la comunidad islámica argentina y realizan sus actividades dentro de ese ámbito. No pertenecen a la comunidad iraní", dijo.