EL JUEZ QUE INVESTIGA A COBOS
Contradicciones entre la Policía y el empresario que alquiló el helicóptero
Investigador. El fiscal Eduardo Martearena quiere saber cuánto se pagó por el helicóptero.La Justicia sigue de cerca el estado de las contrataciones y licitaciones que se hicieron para el uso de los dos helicópteros de la Policía de Mendoza. Por eso, en las próximas horas la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Eduardo Martearena, que investiga posibles desmanejos en el alquiler de las aeronaves del Ministerio de Seguridad, secuestrará nueva documentación para saber si hubo irregularidades en las contrataciones durante hechos ocurridos en 2006, y puntualmente en el operativo del Campeonato Argentino de Rally, realizado en julio de 2007.
Pero hay otras novedades que involucran a los protagonistas de esta historia. Por un lado, David Eli, titular de la empresa “+Eventos”, que se encargó de la promoción y producción del Rally en el sur provincial, dio detalles del comprobante por el pago de 10 mil pesos que dice haber realizado a la cartera de Seguridad por el alquiler de un helicóptero. “El comprobante N° 87.579 fue emitido el 27 de julio de 2007 por un monto de 10 mil pesos para la repartición Policía de Mendoza-Ministerio de Seguridad”, detalló Eli. Y puntualizó que “el recibo fue firmado por el auxiliar Olmos y por Víctor Soler (director de Aviación de la Policía)”.
Ante el pedido de este diario de acceder a una copia del comprobante, el empresario se negó y argumentó: “Si la Justicia lo requiere se lo entregaremos a ellos”.
El helicóptero de la Policía fue contratado por “+Eventos” para supervisar la seguridad vial del rally en San Rafael, realizado entre el 26 y el 29 de julio del año pasado.
Mientras tanto, Soler salió a decir ahora que “hubo dos arrendamientos”, a pesar de que el jueves sólo había asegurado que los vuelos se habían realizado “por orden expresa del Gobernador y del ministro (que en esos momentos era el actual intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo)”.
Los Andes intentó consultar a Cornejo, pero el jefe comunal se negó a “hablar de temas de Seguridad”, tal como explicaron sus voceros.
En tanto, Soler explicó que los dos alquileres corresponden a “OSEP, que alquiló un helicóptero para trasladar a un chico desde San Rafael y pagó 10 mil pesos, y en el caso del rally, los organizadores tenían que pagar 10 mil pesos, pero se le agregó un pago de 10 mil pesos más en concepto de combustible y otros gastos”.
Martearena apunta ahora a la existencia de documentación que compruebe un depósito de 20 mil pesos para el operativo que se realizó en San Rafael, pues Eli asegura haber pagado sólo 10 mil pesos. Pero además, quiere verificar si se respetaron los cánones que fija la ley.
Es que el artículo 6 de la Ley 7.594 -que autorizó al Ejecutivo a alquilar los helicópteros de la Policía- estipula un canon de arrendamiento de 10 mil pesos. El fiscal quiere saber también por qué si la hora de vuelo cuesta aproximadamente 4.500 pesos, para el rally en San Rafael -que duró tres días- sólo se habrían pagado 20 mil pesos.
Para tratar de desenredar la maraña de contradicciones, Martearena ordenará más allanamientos la semana que viene, que podrían ser nuevamente en la Dirección de Aviación de la Policía, en el predio cercano a la calle Regalado Olguín, de El Challao (Las Heras), en donde personal judicial ya secuestró pruebas el jueves en la mañana. Pero no se descarta que en los próximos días la Justicia también busque información en otras dependencias del Estado y de organismos privados involucrados con el uso de los helicópteros.
La fiscalía de Delitos Complejos avanza en la investigación a partir de una denuncia anónima que recibió a fines de diciembre. Por eso, hace dos días, la ayudante de fiscal, Alejandra Alonso, por orden de Martearena, secuestró registros de horas de vuelo, órdenes de operación y chequeras.
sábado, 26 de enero de 2008
EL VICE COBOS EN LA MIRA
EL JUEZ QUE INVESTIGA A COBOS
Contradicciones entre la Policía y el empresario que alquiló el helicóptero
Investigador. El fiscal Eduardo Martearena quiere saber cuánto se pagó por el helicóptero.La Justicia sigue de cerca el estado de las contrataciones y licitaciones que se hicieron para el uso de los dos helicópteros de la Policía de Mendoza. Por eso, en las próximas horas la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Eduardo Martearena, que investiga posibles desmanejos en el alquiler de las aeronaves del Ministerio de Seguridad, secuestrará nueva documentación para saber si hubo irregularidades en las contrataciones durante hechos ocurridos en 2006, y puntualmente en el operativo del Campeonato Argentino de Rally, realizado en julio de 2007.
Pero hay otras novedades que involucran a los protagonistas de esta historia. Por un lado, David Eli, titular de la empresa “+Eventos”, que se encargó de la promoción y producción del Rally en el sur provincial, dio detalles del comprobante por el pago de 10 mil pesos que dice haber realizado a la cartera de Seguridad por el alquiler de un helicóptero. “El comprobante N° 87.579 fue emitido el 27 de julio de 2007 por un monto de 10 mil pesos para la repartición Policía de Mendoza-Ministerio de Seguridad”, detalló Eli. Y puntualizó que “el recibo fue firmado por el auxiliar Olmos y por Víctor Soler (director de Aviación de la Policía)”.
Ante el pedido de este diario de acceder a una copia del comprobante, el empresario se negó y argumentó: “Si la Justicia lo requiere se lo entregaremos a ellos”.
El helicóptero de la Policía fue contratado por “+Eventos” para supervisar la seguridad vial del rally en San Rafael, realizado entre el 26 y el 29 de julio del año pasado.
Mientras tanto, Soler salió a decir ahora que “hubo dos arrendamientos”, a pesar de que el jueves sólo había asegurado que los vuelos se habían realizado “por orden expresa del Gobernador y del ministro (que en esos momentos era el actual intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo)”.
Los Andes intentó consultar a Cornejo, pero el jefe comunal se negó a “hablar de temas de Seguridad”, tal como explicaron sus voceros.
En tanto, Soler explicó que los dos alquileres corresponden a “OSEP, que alquiló un helicóptero para trasladar a un chico desde San Rafael y pagó 10 mil pesos, y en el caso del rally, los organizadores tenían que pagar 10 mil pesos, pero se le agregó un pago de 10 mil pesos más en concepto de combustible y otros gastos”.
Martearena apunta ahora a la existencia de documentación que compruebe un depósito de 20 mil pesos para el operativo que se realizó en San Rafael, pues Eli asegura haber pagado sólo 10 mil pesos. Pero además, quiere verificar si se respetaron los cánones que fija la ley.
Es que el artículo 6 de la Ley 7.594 -que autorizó al Ejecutivo a alquilar los helicópteros de la Policía- estipula un canon de arrendamiento de 10 mil pesos. El fiscal quiere saber también por qué si la hora de vuelo cuesta aproximadamente 4.500 pesos, para el rally en San Rafael -que duró tres días- sólo se habrían pagado 20 mil pesos.
Para tratar de desenredar la maraña de contradicciones, Martearena ordenará más allanamientos la semana que viene, que podrían ser nuevamente en la Dirección de Aviación de la Policía, en el predio cercano a la calle Regalado Olguín, de El Challao (Las Heras), en donde personal judicial ya secuestró pruebas el jueves en la mañana. Pero no se descarta que en los próximos días la Justicia también busque información en otras dependencias del Estado y de organismos privados involucrados con el uso de los helicópteros.
La fiscalía de Delitos Complejos avanza en la investigación a partir de una denuncia anónima que recibió a fines de diciembre. Por eso, hace dos días, la ayudante de fiscal, Alejandra Alonso, por orden de Martearena, secuestró registros de horas de vuelo, órdenes de operación y chequeras.
